El plan de la administración de Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas, como parte de su política migratoria bajo el Proyecto 2025, presenta un desafío no solo político y logístico, sino también económico. Este enfoque, que busca expulsar a millones de migrantes indocumentados en un periodo relativamente corto, enfrenta críticas debido a los altos costos y recursos que exige su implementación.
El precio de las deportaciones: entre la política y la realidad
Se estima que deportar a una persona cuesta entre $10,000 y $12,000, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Este cálculo incluye la localización, detención, procesamiento judicial, transporte y repatriación del deportado. En un escenario donde el objetivo es deportar a más de 11 millones de personas indocumentadas que residen en Estados Unidos, los costos podrían superar los $110 mil millones, una cifra que plantea preguntas sobre su viabilidad económica.
A esto se suma la presión sobre las agencias gubernamentales, principalmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). ICE necesitaría triplicar su capacidad operativa, incluyendo personal, instalaciones de detención y transporte. Actualmente, el sistema tiene una capacidad de detención
y transporte. Actualmente, el sistema tiene una capacidad de detención diaria de aproximadamente 30,000 personas, lo que resultaría insuficiente para manejar las cifras masivas proyectadas. Además, las cortes de inmigración, ya colapsadas con más de 3.7 millones de casos pendientes, tendrían que acelerar los procesos, aumentando los riesgos de violaciones al debido proceso y posibles demandas legales.
El Proyecto 2025 también contempla el uso de medidas como la sección 243D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que busca presionar a los países que se resisten a recibir a sus ciudadanos deportados. Sin embargo, incluso con estas herramientas, los costos indirectos podrían ser elevados, incluyendo tensiones diplomáticas y el impacto en la economía estadounidense, que depende de la mano de obra de millones de trabajadores migrantes.
En paralelo, surgen preguntas sobre quién financiará esta ambiciosa estrategia. Los presupuestos del DHS y del ICE no cuentan actualmente con los recursos necesarios, y un aumento significativo requeriría la aprobación del Congreso, enfrentando una probable resistencia por parte de legisladores demócratas e incluso de sectores republicanos moderados.
Si bien el discurso político en torno a las deportaciones masivas puede ser efectivo para ciertos sectores, los desafíos económicos y operativos subrayan la complejidad de llevar esta estrategia a la práctica sin generar costos exorbitantes para los contribuyentes.
