Algo aprendimos del gobierno de Obama
Por César Ríos, Director de AAMES
Durante el gobierno de Barack Obama, nuestros países de origen, como El Salvador, vivieron el impacto de la deportación masiva de compatriotas, a pesar de que no se realizaban redadas generalizadas ni se otorgaba perdón para ciertas violaciones a las leyes estadounidenses. Miles de salvadoreños, con o sin residencia legal en Estados Unidos, fueron deportados, todos con antecedentes de faltas graves para la legislación norteamericana.
En mi experiencia como responsable de un programa de apoyo a personas deportadas en esa época, identifiqué tres causas principales que derivaban en la deportación de salvadoreños: violencia doméstica, escándalo en la vía pública y manejo en estado de ebriedad. Estas infracciones, consideradas graves en el marco legal estadounidense, no tenían oportunidad de perdón, y los acusados enfrentaban inevitablemente un proceso que culminaba con su retorno forzado.
Este contexto generó dramas familiares devastadores. Padres que habían vivido en Estados Unidos por más de 20 o 30 años se vieron separados de sus familias, quienes dependían de ellos como soporte económico y emocional. Estas personas, deportadas después de décadas fuera de su país, enfrentaron un duelo migratorio. Se encontraron en un entorno cultural que ya no reconocían, añorando una vida cotidiana moldeada por las costumbres multiculturales de Estados Unidos.
En muchos casos, la separación inicial derivó en la reunificación familiar en El Salvador, pero esto trajo consigo nuevos retos. Hijos nacidos en Estados Unidos, con una identidad y cultura predominantemente anglosajona, se enfrentaron a un choque cultural al llegar a un país desconocido. En las escuelas, principalmente públicas, estos niños sufrían burlas y bullying por su limitado dominio del español y sus costumbres distintas. Lamentablemente, no existían políticas nacionales diseñadas para facilitar su inserción social, cultural y educativa.
Por otro lado, las personas deportadas también enfrentaron serios obstáculos económicos. El estigma hacia ellas era evidente: la mayoría encontraba grandes dificultades para obtener empleo o reintegrarse a actividades productivas. Recuerdo particularmente el caso de trabajadores de la construcción, quienes, al intentar laborar en proyectos locales, eran sometidos a tareas más arduas y, en ocasiones, humillados por sus propios compatriotas con frases como: “Demuéstranos qué aprendiste en Estados Unidos.”
La falta de políticas nacionales de migración adaptadas a esta realidad amplificó las dificultades de los deportados y sus familias. Esta experiencia debería servirnos de lección ante la inminente amenaza que representa el endurecimiento de las políticas migratorias anunciadas por el presidente Donald Trump, quien asumirá su nuevo periodo en enero de 2025.
Como director de una organización no gubernamental creada por líderes de la diáspora, trabajé incansablemente en apoyar la reintegración de las personas deportadas. Es urgente preparar políticas públicas que respondan a esta realidad, fortaleciendo programas de reinserción económica, social y cultural para evitar que estas familias vuelvan a caer en la exclusión y la pobreza.
Desde la experiencia vivida en la era Obama, sabemos que la deportación masiva no solo separa familias, sino que genera efectos profundos y duraderos en nuestras sociedades. Es momento de aprender del pasado para afrontar el futuro con responsabilidad y humanidad.
