La propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, anunciada por figuras como Donald Trump, ha encendido un intenso debate sobre el futuro de los derechos migratorios en el país. Este principio, consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868, garantiza que cualquier persona nacida en territorio estadounidense sea automáticamente ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Los defensores de esta medida argumentan que la ciudadanía por nacimiento incentiva la migración irregular, al permitir que los hijos nacidos en Estados Unidos eventualmente puedan ayudar a regularizar el estatus de sus padres. Sin embargo, esta percepción distorsiona la realidad. Tener un hijo ciudadano no garantiza la residencia permanente para los padres. De hecho, los hijos deben esperar hasta los 21 años para solicitar este beneficio, y los padres deben cumplir estrictos requisitos legales, incluyendo un historial libre de delitos graves.
La eliminación de este derecho tendría profundas implicaciones. En el ámbito legal, significaría un cambio radical en la interpretación de la Constitución, lo que generaría batallas judiciales prolongadas. En el ámbito humano, dejaría a miles de niños en un limbo legal, afectando su acceso a derechos fundamentales como la educación y la salud.
Además, esta política podría fragmentar familias, creando una nueva generación de personas apátridas y reforzando un mensaje de exclusión en lugar de integración. En lugar de abordar las causas estructurales de la migración irregular, como la violencia y la pobreza, medidas como esta podrían exacerbar el problema.
Estados Unidos, una nación construida sobre los ideales de inclusión y oportunidades, enfrenta una encrucijada. La decisión que tome no solo afectará a las comunidades migrantes, sino que definirá el tipo de país que aspira a ser en el futuro.
