“El mundo está patas arriba” 

El más reciente informe presentado por Volker Türk ante el Consejo de Derechos Humanos no es una pieza diplomática más. Es un diagnóstico político del momento histórico que vivimos. “El mundo está patas arriba”, advirtió. No es una frase retórica: el número de conflictos armados casi se ha duplicado desde 2010 y ronda los 60; los ataques contra civiles han aumentado de manera sostenida; y la amenaza o el uso de la fuerza se están normalizando como mecanismo para resolver disputas internacionales.

En términos de derechos humanos, la guerra —dijo— es un “desierto”. Y cuando el derecho internacional se debilita, no solo se erosionan tratados: se desestabilizan sociedades enteras. Ese vacío tiene consecuencias concretas: desplazamientos masivos, flujos de refugiados, migración forzada y el debilitamiento de la multiculturalidad como valor político.

No es casual que, en este mismo contexto, Estados Unidos impulse una nueva arquitectura diplomática con la llamada “mesa de paz” promovida por el presidente Donald Trump. El mensaje es claro: ante el agotamiento de los foros multilaterales tradicionales, se busca una conducción más directa y geopolíticamente pragmática de los conflictos. Pero la pregunta central es si estas iniciativas fortalecerán el derecho internacional o lo sustituirán por acuerdos coyunturales entre potencias.

El informe advierte, además, sobre ataques a las propias instituciones que deberían proteger el orden jurídico global: la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Cuando se desacredita o debilita a estas instancias, el mensaje implícito es que las reglas pueden ser reinterpretadas según la conveniencia política.

Para países como El Salvador, el impacto no es abstracto. Cada escalada bélica en Sudán, Ucrania o el territorio palestino ocupado no solo genera víctimas locales; también altera cadenas de suministro, mercados laborales y prioridades presupuestarias globales. Más conflictos implican más desplazados. Más desplazados implican mayor presión sobre los sistemas de asilo y mayores tensiones en las políticas migratorias de destino.

La relación entre conflicto y migración es directa. Cuando el número de guerras se duplica, también aumenta la probabilidad de flujos mixtos: personas que huyen por persecución, por hambre, por colapso institucional o por devastación ambiental asociada al conflicto. La movilidad humana se convierte en termómetro de la crisis global.

En este escenario, la multiculturalidad —entendida como convivencia estructurada entre identidades diversas— enfrenta un doble desafío. Por un lado, las sociedades receptoras viven procesos de polarización política que cuestionan la integración. Por otro, los discursos de seguridad tienden a equiparar movilidad con amenaza. La normalización del uso de la fuerza en el plano internacional se traduce, en el ámbito doméstico, en políticas más restrictivas.

Sin embargo, la multiculturalidad no es un accidente demográfico; es una realidad estructural del siglo XXI. Estados Unidos, Europa y América Latina están interconectados por cadenas migratorias históricas. Pretender gestionar esta realidad solo desde el control fronterizo ignora la dimensión humana y económica del fenómeno.

El informe también alerta sobre la carrera armamentista nuclear y la ausencia de límites vinculantes en los arsenales de las grandes potencias. Esto no solo incrementa el riesgo sistémico; también desvía recursos que podrían destinarse al desarrollo, la cooperación y la prevención de causas estructurales de la migración.

Si algo deja claro la intervención del Alto Comisionado es que la paz no puede ser una negociación aislada entre gobiernos; debe estar anclada en el respeto a los derechos humanos. De lo contrario, la paz se convierte en una tregua frágil.

Para Centroamérica, el mensaje es estratégico. Nuestro principal socio comercial y destino migratorio está redefiniendo su papel en el mundo. La pregunta no es solo si habrá menos o más deportaciones, sino qué modelo de gobernanza global emergerá. Si el derecho internacional se debilita, los migrantes —especialmente los más vulnerables— quedan en una zona gris.

La mesa de paz promovida desde Washington podría abrir espacios de negociación útiles. Pero su legitimidad dependerá de que complemente, y no sustituya, el sistema multilateral. La estabilidad global no puede depender únicamente del equilibrio de poder; necesita normas claras, instituciones fuertes y voluntad política.

El mundo, efectivamente, está en un punto de inflexión. Cuando el uso de la fuerza se normaliza, la migración deja de ser solo una decisión individual y se convierte en una consecuencia estructural de un orden internacional inestable.

La gran disyuntiva es esta: o fortalecemos las reglas comunes que protegen a las personas, o aceptamos que el siglo XXI será definido por la fragmentación, el miedo y el desplazamiento permanente. En esa encrucijada, la migración no es el problema. Es el síntoma.