El Senado de Estados Unidos ha aprobado un impuesto del 1 % sobre remesas enviadas en efectivo, giros postales o cheques de caja, como parte del megaproyecto fiscal impulsado por el expresidente Donald Trump. Aunque la medida excluye transferencias electrónicas y pagos con tarjetas bancarias, su impacto en países como El Salvador —donde las remesas representan el 22 % del PIB— es significativo y preocupante.
En 2024, El Salvador recibió $8,479.7 millones en remesas, de los cuales el 91.6 % provinieron de Estados Unidos. Según el Banco Central de Reserva (BCR), se realizaron más de 26 millones de operaciones en el año, con un promedio mensual de 2.19 millones. Aunque solo el 3.9 % de estas transacciones se realizaron en efectivo, eso representa más de 85,000 operaciones mensuales vulnerables al nuevo impuesto.
El impacto económico estimado para El Salvador ronda los $77.6 millones anuales A. Pero más allá de la cifra, el verdadero peso recae sobre los hombros de los migrantes más vulnerables: aquellos sin estatus migratorio legal. El propio BCR estima que el 52.9 % de las remesas provienen de personas sin documentos en EE. UU., quienes no tienen acceso a cuentas bancarias ni tarjetas emitidas en ese país. Este grupo, al no poder beneficiarse de exenciones ni reembolsos, será el más afectado por la medida.
La legislación también establece que las empresas remesadoras deberán certificarse como “proveedores calificados” y verificar la ciudadanía estadounidense de cada remitente. De no hacerlo, el impuesto se aplicará automáticamente, incluso si el remitente es ciudadano. Este requisito podría generar nuevas barreras burocráticas, riesgos en el manejo de datos personales y una mayor informalización del flujo de remesas B.
El Salvador no es el único país expuesto. México, Guatemala y Honduras también enfrentan impactos millonarios. Sin embargo, México ha anunciado un programa de reembolso a través de la tarjeta Finabien. En contraste, el gobierno salvadoreño no ha emitido una postura oficial ni ha propuesto medidas compensatorias.
El impuesto del 1 %, aunque aparentemente bajo, representa una forma de exclusión fiscal. Penaliza a quienes ya sostienen economías enteras desde el exterior y contribuyen al desarrollo de sus países de origen. Además, refuerza una narrativa de criminalización del migrante trabajador, al tiempo que financia políticas de control fronterizo.
En lugar de castigar a quienes envían dinero a sus familias, los gobiernos deberían promover la inclusión financiera, reducir los costos de envío y proteger los derechos de sus diásporas. La medida aún debe ser ratificada por la Cámara de Representantes, pero su sola aprobación en el Senado ya envía un mensaje claro: los migrantes siguen siendo vistos como fuente de ingresos fiscales, no como sujetos de derechos.
Es momento de que El Salvador alce la voz. No solo por los millones que podrían perderse, sino por la dignidad de quienes, desde la distancia, siguen sosteniendo a su país.
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